Las inadmisibles descalificaciones que han dirigido al alimón los dirigentes socialistas José Blanco y Diego López Garrido, contra Francisco José Hernando –nada menos que presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial–, constituyen una lamentable cumbre en una, por lo demás larga y, por lo visto, inacabada carrera de desprecio del PSOE hacia la independencia del poder judicial. En lugar de tomar buena nota de las declaraciones de Hernando –en las que el presidente del CGPJ no hacía sino transmitir desde el punto de vista jurídico la grave preocupación que suscitan en la carrera judicial el Estatuto catalán y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, lo que han hecho ambos representantes del PSOE ya no es, ni siquiera, discrepar, sino arremeter de forma intolerable contra el mensajero, al que han acusado de "mentir a conciencia", de "lanzar insidias" y de "servir a los intereses del PP".
Ambos dirigentes socialistas, con la desfachatez del agresor que todavía pretende sentirse ofendido, han reclamado la comparecencia de Hernando en el Congreso. Por supuesto que el presidente del CGPJ debería comparecer. No sólo para reiterar –y si es posible, ampliar– sus advertencias contra el Estatuto "en su actual redacción", sino, además, para transmitir personalmente sus quejas por esta inadmisible falta de respeto al poder Judicial del que han hecho gala ambos dirigentes socialistas.
Conviene recordar que fue el propio PSOE el que sorteó la posibilidad de que el Poder Judicial –así como el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado– emitieran un informe sobre el Estatuto antes de su admisión a trámite parlamentario. Así que estará muy bien que Hernando emita de palabra en el Congreso una valoración que, respetando las competencias propias del Tribunal Constitucional, no es ya un derecho sino un deber de este órgano de gobierno del Poder Judicial, ante proyectos legislativos de semejante envergadura. Un derecho y un deber que el PSOE ha pretendido –insistimos– que el CGPJ no ejerciera hasta ahora.
Las advertencias jurídicas que ha hecho Hernando respecto al Estatuto, o la reforma de la LOPJ en el diario El Mundo no vienen, además, sino a secundar de forma cautelosa el malestar que, contra ambos proyectos, ya han expresado de modo espontáneo las distintas asociaciones judiciales, o el que se ha plasmado en las reuniones de jueces decanos en la ciudad de León, o la de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia celebrada con carácter extraordinario en Granada.
En cualquier caso, por muy dominantes que sean los medios de comunicación del gobierno, por muy sensibles que sean a su propaganda, ahí está, accesible a todos los ciudadanos, el texto del Estatuto admitido a tramite, para que sepan quien miente y quien dice la verdad sobre el peligro de fragmentación del poder judicial inherente al Estatuto soberanista catalán.
